El promedio del salario público provincial en La Rioja, durante el año 2015 fue 20% más alto que lo se paga en promedio en los sectores privados, sostiene un informe de la consultora NOAnomics.
En ese mismo año, el salario público provincial promedio de las 24 provincias, fue un 25% superior al privado formal, según muestra el trabajo desarrollado por la consultora privada. Segun estos datos, en la Provincia el porcentaje se encontraría por debajo de la media nacional.
El estudio de la consultora NOAnomics indica que ya desde el 2003, la remuneración promedio del sector estatal es mayor a la privada para todos los años, en aquél entonces la brecha era sólo de 9 puntos porcentuales y la mayor se registra en 2008 con salarios públicos que llegaron a estar un 34% por encima de los privados.
El informe de la consultora que dirige el economista Félix Piacentini destaca que por encima del diferencial del 25% promedio a favor de los salarios estatales se encuentran 14 provincias.
La brechas más altas se presentan en Misiones donde la estimación es que los sueldos de la administración pública duplican a los privados (112%), siguiendo Tucumán, Mendoza, Formosa y La Pampa donde serían alrededor de un 80% superiores.
En el rango del 71% al 46% figurarían Jujuy (71%), Entre Ríos (71%), Córdoba (71%), Santa Fe (57%), Chaco (46%) y Salta (46%).
Completan la lista de las que sobrepasan la media San Juan (32%), Tierra del Fuego (29%) y Río Negro (26%).
Por su parte, sólo en Santiago del Estero las remuneraciones del sector estatal están por debajo de las privadas, en un 7%. Entre las que arrojan una ventaja marginal de los sueldos públicos versus los privados están Chubut (1%), Santa Cruz (3%) y Neuquén (4%).
Comparando con el año 2003, la brecha salarial a favor del Estado se agrandó 16 puntos porcentuales (pp) en promedio para las 24 provincias, con los aumentos más importantes en Misiones (59 pp), Tucumán (47 pp), Mendoza (39 pp), Formosa (37 pp) y Entre Ríos (31 pp).
En total son 14 las jurisdicciones que incrementan el diferencial en 2015 comparando con 2003. Santa Cruz lo mantiene sin cambios y lo reducen 9 distritos siendo los más relevantes Santiago del Estero (-59pp), Chaco (-38 pp), San Juan (-38 pp) y Tierra del Fuego (-27 pp).
Se conoce que en términos absolutos el crecimiento del empleo público ha sido explosivo en la mayoría de las provincias, llegando el Estado a convertirse en el principal proveedor de empleo en muchas de ellas, problema que se agudiza cuando se compara el salario estatal versus el privado.
Esto ciertamente termina convirtiéndose en un desincentivo para la generación de empleo privado sustentable en el tiempo, no sólo porque un gasto creciente en personal estatal implica un sendero ascendente de la presión fiscal en todos sus niveles para financiarlo, afectando la actividad económica y dejando en el camino la factibilidad de muchos proyectos de inversión, sino también porque al pagar mejores salarios el Estado termina compitiendo y ganándole al sector privado por muchos recursos humanos que prefieren una remuneración más alta y condiciones laborales más laxas.
La combinación de ambos factores ahoga el desarrollo y creación de nuevas de empresas en muchas provincias, contribuyendo a perpetuar un círculo vicioso que debe romperse para que muchas de ellas dejen de considerarse como “inviables”.
Otra pregunta que inmediatamente se desprende de esta situación es si los trabajadores estatales realmente son más productivos que los privados como para justificar salarios más altos. Seguramente será muy difícil encontrar defensores de esta postura.
Sin menospreciar las tareas de los empleados públicos provinciales, la mayor de las veces socavada por su mismo empleador a través de la falta de inversión en infraestructura, insumos, formación y capital humano; y que además no ha logrado implantar un sistema de incentivos que promueva el desarrollo de una meritocracia brindando la posibilidad a la mayoría de los agentes de desplegar una verdadera carrera como servidor público dentro de los gobiernos provinciales, es difícil imaginarse que en promedio los trabajadores estatales sean más productivos que los privados como para justificar semejantes brechas salariales a favor de los primeros.
Este diferencial no hace más que agudizar el peso fiscal del exceso de empleo público, aumentando la carga fiscal necesaria para solventarlo (actual o futura) y dificultar el potencial del sector privado, quien tiene que competir por los recursos humanos en una situación de desventaja al no poder igualar ni remuneraciones ni las condiciones laborales más laxas del sector público.
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