En lo que va de 2025, entre altas y bajas, el número de empresas con al menos un trabajador se redujo de 499.682 en diciembre 2024 a 492.223 en septiembre 2025. Son 7.459 “unidades productivas” menos. Y los trabajadores empleados disminuyeron de 9.647.751 a 9.576.189: 71.562 empleados menos, de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
En relación a noviembre 2023, mes base para evaluar la gestión del Gobierno de Javier Milei, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 511.337 empleadores y 9.840.290 trabajadores.
En consecuencia, en esos 22 meses, se produjo una caída neta —entre altas y bajas— de 19.114 empleadores (casi 30 por día) o “unidades productivas” que emplean a uno o más trabajadores. Y disminuyó en 264.101 el total de trabajadores o empleados, pese a la caída del salario y del costo laboral.
“Por unidades productivas se entiende a entidades, empresas u organismos públicos o privados que reúnen a una o más personas trabajadoras, y que producen bienes o servicios”, aclara la SRT.
Las áreas más castigadas en términos de empleo fueron las vinculadas a la construcción, la industria manufacturera, comercio y el sector público.
Con 512.898 al finalizar 2023, hubo una caída del número de empresas hasta mediados de 2024 como consecuencia de la devaluación y de la «motosierra» que afectó en especial a la construcción por la paralización de la obra pública y privada y al empleo público.
Luego hubo una lenta recuperación que se detuvo en septiembre del año pasado, Lo mismo pasó con el número de trabajadores: de 9.893.914 al final de 2023, sumaron en diciembre 9.647.751. Luego continuó el retroceso a un ritmo menor y se aceleró este año hasta 9.576.189 en septiembre pasado.
Estos retrocesos, tanto de empleadores como de empleados, se explican por las desvinculaciones, retiros voluntarios y cesantías en el sector público y privado- en especial en la industria manufacturera y el sector público, y el incremento de la informalidad.
Todo esto, en un contexto en el que el consumo no repuntó por la suba del desempleo, caída de ingresos de las familias y reducción del dinero disponible para la compra de alimentos o vestimenta por el mayor peso que absorbieron las tarifas de los servicios, como electricidad, gas, prepagas o expensas.
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