El pasado 11 de marzo el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, confirmó que antes de fin de año comenzará la construcción de una nueva planta de tratamiento de uranio, a tan sólo 16 kilómetros de la capital provincial y a otros 20 de la localidad paraguaya más cercana. La idea, sin embargo, no es nueva: ya desde 2009 el kirchnerismo había manifestado su interés por iniciar el ambicioso y controvertido proyecto, fuertemente resistido por las poblaciones ubicadas a ambos lados de la frontera.
La nueva planta de la estatal Dioxitek SA, que proveerá de combustible nuclear a los reactores de Embalse, Atucha I y Atucha II, llega a suelo formoseño tras ser expulsada de la capital provincial de Córdoba, donde fue clausurada tras descubrirse un sinfín de irregularidades en su funcionamiento. “El manejo de la planta y sus residuos ha sido tan irresponsable que se llegó a una hartazgo institucional y social de tal magnitud que obligó a que la empresa a marcharse”, explicó a Hoy el doctor en biología y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Raúl Montenegro.
Como Córdoba, las provincias de Mendoza y La Rioja también se negaron a convertirse en la sede del nuevo emprendimiento K, hasta que finalmente el ultrakirchnerista gobernador formoseño dio el sí. “Como el [ministro de Planificación Federal] Julio De Vido no tenía donde colocarla, eligió el feudo de Insfrán, quien permitió algo que incluso está prohibido por la propia legislación provincial”, manifestó Montenegro.
El especialista, quien también forma parte del Consejo Económico y Social de la ONU, aseguró que el accionar del Gobierno es “descabellado”, porque “en Argentina la energía nuclear apenas participa satisfaciendo un 4 o 4,5 por ciento de la demanda; no hay ninguna relación entre los reactores nucleares que tenemos y los que se están construyendo, con el beneficio eléctrico producido”.
El nuevo emprendimiento de Dioxitek también es resistido en el vecino país, donde cientos de personas ven con preocupación los peligros inherentes a la nueva planta. “Todo esto representa un grave riesgo para Paraguay, porque daña la imagen de las materias primas y alimentos que produce”, explicó el titular de FUNAM, un hecho que ya fue denunciado por muchos legisladores paraguayos, quienes sostienen que diferentes destinos comerciales de ese país comenzaron a exigir certificados que prueben que sus productos se encuentran libres de radiación.
La visita de Cristina Fernández a Paraguay poco tuvo que ver con rememorar al fallecido líder paraguayo. Lo cierto es que detrás de la tibia y correcta visita diplomática se esconde la negociación por otro de los oscuros proyectos K.
Un peligro siempre latente
El mecanismo por medio del cual se obtiene el dióxido de uranio es complejo. El mineral de uranio es tratado con diversas sustancias químicas y tras el proceso se obtiene el tan deseado producto, que luego es trasladado a la Capital Federal, donde es utilizado para confeccionar el combustible nuclear utilizado en los reactores argentinos para producir energía.
Pero de acuerdo a los especialistas, no todo es color de rosas y los riesgos siempre se encuentran latentes. Junto al producto buscado también se generan descargas gaseosas, líquidas y sólidas que pueden contener cargas radioactivas seriamente peligrosas para la salud humana (Ver “El caso cordobés”).
“Este es otro delirios del ministro [de Planificación Federal] Julio De vido”, indicó a Hoy el biólogo Raúl Montenegro. “Más allá de los obvios problemas que podría provocar una explosión o un incendio, esta actividad es totalmente incompatible con la vida humana y hasta con la producción agrícola y ganadera”, agregó el especialista y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM).
El caso cordobés
El proyecto impulsado por el kirchnerismo tiene un triste antecedente. Se trata de una planta de características similares instalada en medio de un barrio residencial de la ciudad de Córdoba que, tras tres décadas de funcionamiento, ya comenzó a mudarse del lugar luego de que el Municipio clausurara sus instalaciones debido a graves irregularidades.
En 2012 los inspectores locales descubrieron que la planta contaba con graves problemas de seguridad, carecía de los avales de seguridad necesarios y tampoco poseía autorización de redes sanitarias para arrojar efluentes del proceso industrial. Sin embargo y a pesar de la clausura dictada, el establecimiento seguirá funcionando hasta fines de año cuando, se supone, concluirá su proceso de mudanza.
Vecinos y reconocidos miembros del poder político provincial han denunciado incontables veces la existencia de casos de cáncer imposibles de identificar, atribuidos a la contaminación radiológica en la zona. Todo parece caer en saco roto para las autoridades nacionales, que lejos de acabar con el problema han decidido perpetuarlo, trasladando las oscuras instalaciones a territorio más afín al Gobierno K: el feudo formoseño del ultrakirchnerista Gildo Insfrán.
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