El proyecto de Ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura y que ingresó para su tratamiento a la Cámara de Diputados de la Provincia tiene implicancias directas para la ciudadanía: busca reducir la cantidad de cargos vacantes, hacer visibles los criterios de selección y acelerar las respuestas ante presuntas irregularidades en el sistema judicial. Es, además, la aplicación normativa de la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial y una iniciativa vinculada a la gestión del gobernador Ricardo Quintela.
En lo concreto, el proyecto impone concursos públicos de antecedentes y oposición como regla para cubrir vacantes y fija un plazo máximo para su resolución: los concursos deberán cerrarse en 120 días corridos desde su convocatoria hasta la designación, con el objetivo de evitar demoras que extiendan la falta de jueces o fiscales y, por ende, la dilación de causas.
La publicidad de los actos es otro eje central. Convocatorias, formularios de inscripción, resultados y expedientes vinculados a concursos, validaciones y denuncias tendrán carácter público y deberán difundirse en el Boletín Oficial y en los canales oficiales del Consejo, lo que facilita el control social y el acceso ciudadano a la información sobre quiénes integran la justicia y bajo qué criterios fueron seleccionados.
Respecto a la disciplina interna, el proyecto acorta plazos procedimentales: la Comisión de Disciplina deberá emitir un informe preliminar en 15 días hábiles y el procedimiento desde la denuncia hasta la eventual acusación se proyecta dentro de 30 días hábiles (con prórrogas reglamentadas). La intención es ofrecer respuestas administrativas más ágiles frente a quejas y denuncias contra magistrados.
Cambio relevante
Un cambio estructural relevante es la creación de la Escuela de la Magistratura, concebida para la formación, perfeccionamiento y acreditación de aspirantes y magistrados. La acreditación de trayectos formativos será condición para inscribirse en concursos, mientras que la escuela desarrollará cursos, residencias y talleres orientados a mejorar la formación técnica, ética y de gestión en los tribunales.
En materia de representación, el texto establece una integración plural del Consejo que combina voces del Ejecutivo, del Legislativo (incluida la minoría), del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la matrícula de abogados y del ámbito académico, con mandatos y suplencias previstos para cada cargo. El diseño pretende equilibrar representación institucional, control y participación.
¿Qué significa esto para la sociedad?
- Menos juzgados vacíos y menos retrasos: los plazos previstos obligan a cubrir cargos con mayor celeridad.
- Mayor control ciudadano: acceso público a expedientes y a la información sobre concursos y sanciones.
- Respuestas más rápidas ante irregularidades: procedimientos disciplinarios con plazos acotados.
- Mejor formación judicial: la Escuela busca elevar la calidad técnica y ética de jueces y fiscales, con impacto en la calidad de las resoluciones y la gestión.
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