Redacción de RiojaLibre
#ArmasGate Avanza la investigación contra Martínez
La compra de armas a EEUU por 2.000 millones de dólares complica cada vez más al Ministro de Defensa de la Nación. Tras la investigación de C5N, el fiscal Franco Picardi decidió abrir una causa contra tres funcionarios para determinar su rol en el millonario pedido a Norteamerica. El riojano Julio Martínez, máxima autoridad del área en cuestión, es el más comprometido.
Resultaba impensado dos años atrás, cuando Julio Martínez izaba la bandera de la ‘transparencia’ como su única arma electoral y política. Pero hoy vemos como Mashasha es imputado en un causa por corrupción:
Tras el informe publicado en El Destape y Economía Política, la Justicia investigará el enorme listado de equipamiento militar que el país le pidió a Estados Unidos a mitad del año pasado y que ya comenzó a ser comprado y buscará determinar el rol que cumplieron en el mismo los diputados Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, quienes quedaron como imputados junto al ministro de Defensa, Julio Martínez.
A última hora del viernes, el fiscal Franco Picardi decidió abrir una investigación en perjuicio de estos tres funcionarios, por los posibles delitos de fraude, violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y perjuicio a la administración pública. De esta forma, Picardi decidió dejar de lado a Mauricio Macri y Marcos Peña, quienes también figuraban como denunciados, dado que podrían no haber participado del acto, así como también descartó la imputación, en principio, de Martín Lousteau, quien ofició como nexo intermediario de la operación.
Aún así, el ahora ex embajador argentino en Estados Unidos, será citado como testigo en la causa y tendrá que dar explicaciones, bajo juramento, por las irregularidades que en principio se observan dentro del enorme listado de equipamiento militar que se pidió a Estados Unidos a través de una carta presentada por la embajada al congresista Pete Visclosky, donde se citaba además una reunión de Amadeo y Laspina dentro de su despacho en Washington.
Ambos diputados viajaron a Estados Unidos en abril del año pasado, y declararon sus viajes ante el Congreso, aunque, según detallaron, fueron hasta allí con el objetivo de participar de la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional, y nada mencionaron de su reunión privada.
Además, tal como se reveló en este medio, el rol de Amadeo en este millonario requerimiento pareciera tener varios capítulos por delante, luego que se filtrara un mail que él mismo le envía a Patricia Bullrich a mitad del pasado año, donde le asegura que “el pedido para Defensa está avanzando rápido”, pero le agrega que no ve “nada” para ella: “Sería bueno que lo llames a Lousteau y le preguntes, obviamente sin mencionarme”, remató el diputado de Cambiemos en el correo electrónico.
En el polémico listado figuran poderosos aviones de caza, tanques de guerra, misiles de mediano y largo alcance y helicópteros similares a los utilizados en la guerra de Malvinas, por un costo total que supera largamente los 2 mil millones de dólares que proyecta desembolsar la administración nacional en los próximos dos años.
Como si esto fuera poco y pese a las versiones que intentó instalar el gobierno, que aseguraban que los pedidos eran “donaciones” solicitadas a Estados Unidos, ya se confirmó que se compraron unos 12 aviones Texan T6, que figuran en la “lista de deseos” del Gobierno.
Un candidato en el Partido de Macri con pasado Oscuro
En una etapa donde el principal arma política del Gobierno Nacional es la búsqueda de la Transparencia en la Función Pública, increíblemente en La Rioja el candidato a Presidente del partido de Macri tiene un pasado muy oscuro: fue multado -por el Banco Central- por dos millones y medios e inhabilitado por diez años. ¿Cuál fue el motivo de esta sanción? ¿Esta es la transparencia que pregona el PRO?
Redacción de RiojaLibre
Nadie duda de la injerencia que tiene Julio Sahad en el PRO riojano. Es el candidato a Presidente que cuenta con el respaldo de toda la ‘Estructura’ de cara a las próximas internas del 6 de Noviembre. Lo curioso es que su ‘conducta financiera’ contrasta plenamente con la Transparencia que se impulsa desde Nación.
La ‘condena de la corrupción’ de la Gestión K (con Lázaro Báez y José López presos, y Cristina y Julio De Vido al caer) es lo que le permite al Gobierno de Mauricio Macri sostener el respaldo popular, pese a las ‘impopulares’ medidas que lleva adelante y que golpean directamente en el Bolsillo del ciudadano. Es decir, la búsqueda de la transparencia es lo que alarga el ‘veranito’ en la relación de Gobierno con la gente.
Es por ello que resulta llamativo que en La Rioja se haya elegido a un candidato a Presidente con un pasado muy poco transparente. Julio Sahad fue investigado e inhabilitado por el banco central en el año 2002, multado con una suma que pasa los 2 millones de pesos donde. “Sahad representa al menemismo residual que le hace daño al macrismo”, nos confiaron desde un sector del PRO.
Veamos la resolución del Banco Central:
Pagaron pistolas ‘el doble’ del precio del Mercado
La compra de 15.000 pistolas par la policía porteña desató un escándalo que involucra directamente al Ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez. Es que según una empresa argentina se pagarían “el doble” del precio de mercado. Cada revolver tiene un costo de $6.700, pero Mashasha las compró a $13.000. El expediente en Fabricaciones Militares entre tanto se encuentra paralizado.
LA NOTA COMPLETA DE CLARÍN:
La Dirección General de Fabricaciones Militares, un organismo del Ministerio de Defensa, que debe abastecer de material bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta a raíz de un expediente interno que da cuenta de un dudoso sobreprecio en una licitación para la compra de 15.000 pistolas, en las que luego apareció la ciudad de Buenos Aires queriéndolas adquirir por “el doble” de su valor de referencia.
La pequeña industria nacional bélica se encuentra molesta y amenaza judicializar la situación. Fuentes del sector aclararon que al avanzar con la denuncia vieron que el ministro de Defensa Julio Martínez no estaba al tanto de las “irregularidades”. Fabricaciones Militares tiene como interventor al dirigente del PRO, Héctor Lostri, pero su estructura civil sigue siendo manejada por los K.
De hecho, por alguna razón, el expendiente es de relativo fácil acceso para Clarín: el expediente número 2036/2016 sobre la compra directa por especialidad número 68/2016, que se inicia cuando la emblemática fábrica nacional de pistolas Bersa se queja del movimiento al haber querido entrar a la licitación y quedar afuera.
Según los documentos internos y elaborados por Fabricaciones Militares, y que posee este diario, el 21 de diciembre del año pasado hubo un llamado a licitación de compra directa por especialidad. Algo insólito por cierto. Y el único que se presentó fue la fábrica italiana Beretta. La licitación cerraba el 28 de diciembre, es decir en tiempo récord. Luego, cuando empezaron las protestas de los fabricantes nacionales como Bersa –cuyo mercado es en realidad en un 80% de exportación a los Estados Unidos, y se abrió un expediente, se extedió la licitación para el 3 de enero pero Beretta siguió en el mismo acto adminitrativo que no registró cambios.
En la protesta de Bersa se lee que esta es para la fábrica nacional que debería fabricar sus propios armamentos “una compra directa por especialidad injustificada de un modelo específico a un proveedor único, habiendo opciones tanto en el mercado nacional como el internacional”.
En el acta de apertura de Fabricaciones Miliares, se lee la intención expresada en la Gerencia de Abastecimiento de adquirir por “contratación directa” a la Fábrica de Armas Pietro Berretta , las 15000 pistolas Semiautomátics Beretta Px4 Storm, tipo F Calibre 9×19 milímetros. El monto total de la oferta da 4.875.000 euros, por lo que cada arma terminaría con un precio de 325 euros.
En el expediente interno que se dio curso en Fabricaciones Militares, pero que ahora estaría paralizado se acumulan páginas de idas y venidas con esta compra que aún no se efectuó. Y hasta llama la atención la informalidad de los reportes, con tachaduras, agregados, “remiendos”. Pero al llegar a las páginas finales aparece un convenio entre el ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad para la provisión de armamentos. Específicamente, las mismas pistolas Beretta que estaría adquiriendo Fabricaciones Militares si se concretara la operación con la empresa italiana. En los emails entre la Gerencia de Abastecimiento de FM y el Ministerio de Seguridad porteño aparecen claramente un precio de $ 13000 por cada pistola. Esto es 768,5 euros, es decir el doble del valor de referencia por el que las estaría comprando Fabricaciones Militares.
En la protesta de Bersa ante el organismo de Defensa, más allá de argumentar de que se trata de “una pyme “ que se ve “impedida de desarrollo” por decisiones contra ésta, se denuncia que Fabricaciones Militares hace una contratación “sin ser el usuario final de este producto terminado” (las pistolas). Y que “se adquieren estos bienes para luego comercializarlo con las fuerzas de seguridad y defensa”. No hay antecedentes de esta naturaleza. En la denuncia queja porque el organismo “monopolizaría y direccionaría la provisión de este de este tipo de insumos para las fuerzas de seguridad, haciendo uso de beneficios de excepciones a impuestos tasas y gravámenes, en detrimento de la competencia en detrimento de la competencia clara y equitativa.
Clarín intentó sin éxito ubicar al ministro de Seguridad porteño Martín Ocampo, mientras que hasta anoche se aguardaba la respuesta de Defensa. El expediente en Fabricaciones Militares entre tanto se encuentra paralizado, por el momento.
La Corrupción Macrista ya se palpa en La Rioja
El diario catamarqueño El Ancasti publicó una durísima editorial contra Fena Corrales, titular regional de la ANSES: “Ahora, la opinión pública se entera que el jefe de la Regional de la ANSES, Fernando Corrales Ávila, cobró un subsidio de $25 mil de la Municipalidad de la Capital. Formalidades al margen”. “Resulta llamativo que el subsidio se librara a nombre del Virrey (Corrales), sin aclaraciones acerca de su destino”, explica.
Son por lo menos poco ortodoxos los criterios de cambio que maneja el PRO, al menos en Catamarca. Los comandos más visibles parecen suponer que para cambiar basta y sobra con las declamaciones, y que las modificaciones en las conductas son innecesarias. Ya habían aparecido indicios de esta concepción cuando autoridades de la fuerza en el interior se fotografiaron repartiendo elementos para asistencialismo provistos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La superioridad macrista salió rápidamente a hacer aclaraciones y prometió investigaciones cuyos resultados nunca se conocieron. Ahora la opinión pública se entera que el jefe de la Regional de la ANSES, Fernando Corrales Ávila, cobró un subsidio de $25 mil de la Municipalidad de la Capital. Formalidades al margen, Corrales Ávila es el jefe político del PRO Catamarca, por lo que se lo conoce como “el Virrey”. Explicó que la plata se utilizó para pagar un viaje de representantes de centros de jubilados a Termas de Río Hondo, localidad santiagueña en la que unos 20 catamarqueños habrían participado de unas jornadas de capacitación. Así habrá sido, pero resulta llamativo que el subsidio se librara a nombre del Virrey, sin aclaraciones acerca de su destino ni menciones a los centros de jubilados beneficiados. Esto, por no hablar de que la ANSES precise de subsidios.
Sumando curiosidades, el Virrey Corrales, que tampoco se refirió a centros de jubilados específicos, explicó que estas jornadas de capacitación se realizan en el marco de un convenio con el Banco de Santiago del Estero, de modo que la entidad también se vería beneficiada indirectamente con el subsidio. Este Corrales Ávila es incansable: conduce la ANSES, coordina el PRO catamarqueño para que no reviente por las riñas de las distintas tribus que lo integran y por si fuera poco hace de “intermediario” para repartir subsidios de la Municipalidad de San Fernando del Valle, que vaya a saberse qué tendrá que ver con la ANSES. Acaso la acumulación de tareas sea algo excesiva. Debería delegar alguito, porque sus múltiples ocupaciones no le permitieron impedir la intervención del PRO Catamarca en vísperas de las elecciones internas para renovar autoridades. Otro rastro del cambio restringido al discurso: la intervención fue solicitada por la propia conducción del PRO local, que debía garantizar la transparencia de los comicios, por la posibilidad de que se perpetrara un fraude.
Remacha el clavo el desplazamiento de Agustina Walther como coordinadora de Asuntos Municipales del NOA, área del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas que administra Rogelio Frigerio. Walther no quiso hacer aspavientos, pero los rumores de que se iba corrían desde hace un par de meses. El relevo sería consecuencia de internas del PRO lugareño que también desmienten el sonsonete del cambio, pues están menos motivadas por diferencias en torno a los modos de consolidar y ampliar la base del partido a nivel local que por los afanes de hacerse de espacios de tránsito de fondos suculentos, como podría ser este caso. Más allá de las especulaciones, lo que queda claro es que el PRO Catamarca no se oxigena en Catamarca, al punto de precisar subsidios municipales y enredarse en trifulcas intestinas por el manejo de fondos públicos aun a costa de un papelón como fue que lo intervinieran porque no podía ni siquiera garantizar las condiciones para una interna de menos de 2.000 afiliados. Demasiadas similitudes con la dirigencia política tradicional como para seguir creyendo que el cambio es algo más que relato.
Fuente: El Ancasti
En 2003 denunciaron la causa del Correo, hoy callan…
En 2003, el mismo año que Néstor Kirchner puso punto final a la concesión y pedía un resarcimiento al Estado de 610 millones de pesos/dólares, Gerardo Morales hizo una Presentación Judicial. Ahora, el gobernador jujeño guarda silencio. Igual escenario les cabe a los riojanos Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria, que denunciaban corrupción en todos lados, y hoy sorprenden con su silencio cómplice.
En noviembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner decidía la recuperación estatal de Correos Argentinos luego de un prolongado incumplimiento del canon por parte del grupo Socma, de la familia Macri.
Poco antes, los entonces senadores Gerardo Morales, Marta Ethel Raso (ambos radicales) y José Vitar (Frepaso) habían presentado una denuncia penal contra las empresas del actual Presidente, en un juicio por el vaciamiento del Correo Argentino.
La presentación sostiene que “promueven acción de defensa del consumidor, acción por cumplimiento del pago del canon, acción resarcitoria por daños y perjuicios por reiterados incumplimientos del contrato de concesión, acción de responsabilidad de funcionarios públicos conforme a la normativa legal aplicable a la privatización de Correo Argentino SA”, además de reclamar la ejecución de la garantía.
El escrito –recuerda Horacio Verbitzky en Página 12– menciona a las dos empresas del Grupo Macri asociadas para la privatización, Itron y Sideco, y al Banco Galicia.
La senadora Raso, del Chubut, presentaba un proyecto de ley para rescindir el contrato debido a los incumplimientos de Sideco y sus socios. Morales sostenía que los Macri incumplieron el contrato de concesión y el pliego de bases y condiciones, que no realizaron las inversiones comprometidas, causando daño patrimonial al Estado al no pagar el canon.
Sumando todos los rubros determinaron una deuda de 610.319.781,1 pesos/dólares y solicitaron que esos montos se reintegraran al Estado y se revocara la concesión del Correo. Néstor lo hizo.
Pero ahora, cuando Macri busca licuar la deuda que su propio grupo mantiene con el Estado, Gerardo Morales guarda indigno silencio…
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