Según el convenio de trabajo firmado en diciembre del 2009 por nación, provincia y municipio los trabajadores iban a percibir $ 2100 pesos desde nación durante un año hasta diciembre del 2010. Luego el gobierno provincial iba a pasar a cada trabajador a planta a planta permanente incluyéndolos en el sistema de sueldos de la provincia. Mientras eso sucedió el municipio asumió el compromiso de garantizar que el gobierno provincial le pague el salario pactado a cada trabajador.
Desde entonces, cada trabajador PIL cobra menos de la mitad del sueldo que debería cobrar, por no ser reconocido por el gobierno provincial. Esta situación llevo a que casi 7 mil trabajadores en la misma situación se encuentren en una situación laboral inestable que depende de decisiones políticas y no institucionales.
Cada trabajador PIL como mínimo durante estos 4 años perdio $ 150 mil al cobrar menos de la mitad del sueldo que le corresponde cobrar, según los compromisos asumidos por el gobernador Beder Herrera ante nación y municipios en diciembre del 2009.
Los trabajadores no se percataron del daño económico a cada una de sus familias pero la situación real indica que el dinero no ingreso a sus bolsillos, pero si ingreso a la provincia gastados en las SAPEM, festivales y otros gastos sin las rendiciones de cuentas correspondientes.
Hoy el gobierno provincial se niega a reconocer esta situación donde 7000 trabajadores y sus familias deberían pasar a planta permanente de cada municipio y los utiliza políticamente para presionar a los intendentes que tienen relación directa con los trabajadores, y los tiene cautivos con amenazas de correrlos si no van a los actos o no votan por los gobernantes de turno.
Cuando esos 7000 trabajadores se den cuenta que les robaron 150 mil pesos a cada uno, esto explota. Son más de 1000 millones que entraron al gobernador y no a los trabajadores en 4 años.
La pregunta es: ¿Donde esta todo ese dinero?
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