El diputado provincial Guillermo Galván cuestionó el fallo del juez Daniel Barría por el que se sobreseyó a la secretaria de Hacienda del municipio Claudia Ortiz en la causa PIL y denunció que la decisión del magistrado es fruto de un acuerdo político entre el gobernador Beder Herrera y el intendente Ricardo Quintela.
«Hoy venimos a denunciar un pacto político entre el gobernador Beder Herrera y Quintela. Ese pacto cambia impunidad de los funcionarios quintelistas por los votos para la elección del 27 de octubre porque el Gobierno sabe que está perdiendo», acusó Galván.
El legislador de la UCR dijo que «el pacto Beder Herrera- Quintela representa la vieja política». «Es la vieja política, una política de espaldas a la gente y Barría es un juez adicto se presta para este tipo de maniobras pero nosotros no lo vamos a permitir», señaló.
Galván consideró que el sobreseimiento a Claudia Ortiz «es un mensaje del poder a la gente». «El poder le está diciendo a la gente que no se meta con los poderosos porque les va a pasar lo que le pasa a la denuncia que hicieron Galván y Recalde», aseguró.
Galván hizo esta denuncia en las escalinatas de Tribunales donde junto al concejal Álvaro Recalde y a un grupo de dirigentes de su sector político anunciaron también que apelarán el fallo de Barría que sobreseyó a Ortiz.La apelación al fallo judicial será presentada el jueves ante la Cámara del Crimen.
«Aca hay 2 mil familias PIL a la cuales no se les hicieron los aportes jubulatorios, ni el seguro de vida ni la obra social durante un año y medio. Hay un perjuicio económico de casi 6 millones de pesos. Pero esta justicia injusta -que Barría representa- le ha dictado el sobreseimiento a Claudia Ortiz», dijo.
Por otra parte, Galván anunció que además de apelar el fallo se presentará un pedido de juicio político contra Barría.
También dijo que se realizarán presentaciones ante el Tribunal Superior de Justicia y eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación «si hiciera falta».
Además, adelantó que se realizará una denuncia penal tributaria en el Juzgado Federal que recaerá tanto contra Claudia Otriz como contra el ministro de Hacienda, Ricardo Guerra. «Estos funcionarios tienen que explicarle a la gente adonde está la plata de todos esos aportes. Estamos peleando para terminar con la vieja polìtica y con la corrupción. No puede ser que no vaya preso ningún funcionario que comete estos terribles delitos. No le tenemos miedo a los poderosos, a quienes no miran a la gente y a aquellos que lo único que les interesa es seguir manteniendo el poder que tienen», desafió.