«Con pasos cortos, pero implacables, el gobierno nacional sigue minando las conquistas democráticas», afirmó el secretario de DD.HH. de la provincia de La Rioja, Délfor «Pocho» Brizuela, tras la derogación del decreto 436, sancionado por el expresidente Raúl Alfonsín en 1984, que le había sacado a las Fuerzas Armadas las atribuciones para decidir ascensos, traslados, designaciones, premios e incorporación de retirados como docentes en los espacios de formación, entre otras funciones.
Este miércoles, mediante el decreto 721 firmado por Macri y el ministro de Defensa, Julio Martínez, se derogó el 436, lo que a entender de Brizuela atenta contra la institucionalidad democrática del país.
«En esta línea, el gobierno nacional le otorga, de a poco, protagonismo autónomo a las Fuerzas Armadas, restituyéndole privilegios corporativos, que han significado en nuestra historia una permanente <acechanza> a la libertad y a la soberanía popular, al punto tal que gran parte del siglo XX estuvo marcado por la tragedia de golpes militares que cercenaron sistemáticamente derechos y violaron la constitución y la vigencia plena de la Republica», manifestó el funcionario.
Por eso, sostuvo que la decisión del gobierno Nacional, aunque la «maquillen» de formalidades administrativas, para agilizar resoluciones internas de funcionamiento, y «juren», que no resiente el mandato constitucional y legal, del «control civil» y la subordinación de las fuerzas Armadas al Poder Político, es «un claro, peligroso y gravísimo» avance de concesiones y facultades que «reconquistan los militares para sí, en desmedro del poder democrático».
Para el representante provincial de los DDHH, no cabe duda, que es una medida más, que se suma a otras, que fueron tomándose en estos meses, y que constituyen «un retroceso en pos de cuidar nuestra democracia y sus conquistas».
En ese orden resaltó entre las medidas «desestabilizadoras» de la democracia que se tomaron el desmantelamiento y refuncionalización de organismos gubernamentales de DDHH en las aéreas de Defensa y Seguridad, como la desjerarquización de programas en el Ministerio de Justicia y la Secretaría de DD HH de la Nación.
También hizo referencia a la crisis deliberada de la Universidad Nacional de la Defensa, y gestos y expresiones de funcionarios de rango, que «solapada» o explícitamente «resucitaron» la teoría de los dos demonios, a la que calificó como «fundamento ideológico de la impunidad y la reivindicación de la fatídica y totalitaria doctrina de la Seguridad Nacional».
Lo decidido por Macri y su ministro, Julio Martínez, dice Brizuela, esconde una falacia. «No es agilizar procedimientos administrativos. Es en definitiva empoderar a quienes tienen las armas, con el incipiente y temible riesgo, de que vuelvan a usarlas en contra de su Pueblo y sus instituciones democráticas», concluyó.
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