Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, avalaron en líneas generales la investigación impulsada por el fiscal Franco Picardi y los procesamientos dictados previamente por el juez Sebastián Casanello.
El fallo representa un nuevo avance judicial en una causa que expone presuntas irregularidades en un organismo estatal destinado a garantizar políticas y prestaciones para personas con discapacidad.
Una asociación ilícita bajo investigación
La Cámara consideró que existen elementos para sostener, en esta etapa del expediente, la hipótesis de una asociación ilícita integrada por funcionarios públicos y particulares.
Spagnuolo fue señalado como uno de los presuntos jefes de la organización. Se le atribuyen los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo.
La investigación sostiene que el mecanismo habría incluido contrataciones direccionadas hacia determinadas empresas, simulación de competencia y posibles pagos indebidos para facilitar y garantizar adjudicaciones.
La confirmación del procesamiento no equivale a una condena. El expediente continúa en la etapa de investigación judicial y las personas imputadas mantienen sus derechos de defensa.
Medicamentos, sobreprecios y contrataciones bajo sospecha
Uno de los principales ejes de la causa es la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia por parte de la ANDIS.
Según la investigación, se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios, con el objetivo de obtener ganancias indebidas. También se analizan posibles retornos a funcionarios a cambio de favorecer a determinados proveedores.
La resolución judicial se apoya en elementos que exceden los audios atribuidos a Spagnuolo. Entre las pruebas mencionadas figuran documentación vinculada con las compras, allanamientos y análisis de dispositivos secuestrados.
La existencia de estas pruebas independientes fue relevante para que la Cámara rechazara los planteos de algunas defensas que cuestionaban la validez de la investigación a partir del origen de las grabaciones.
Los audios ya no son el único eje de la causa
La investigación comenzó a tomar impulso tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se mencionaba un supuesto sistema de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Sin embargo, la autenticidad de esas grabaciones continúa bajo peritaje. La Justicia busca determinar si la voz corresponde al exfuncionario y si los registros fueron editados o manipulados.
El rechazo de los planteos de nulidad por parte de la Cámara permite que la investigación avance sobre otros elementos probatorios, independientemente del resultado definitivo de esas pericias.
La discusión judicial, por lo tanto, no queda limitada a la procedencia de los audios: también se centra en la documentación, los movimientos y las decisiones vinculadas con las contrataciones investigadas.
Spagnuolo y el vínculo con el Gobierno de Milei
Diego Spagnuolo fue designado al frente de la ANDIS en diciembre de 2023, durante el inicio de la gestión presidencial de Javier Milei. Su salida del organismo se produjo en 2025, después de que la difusión de las grabaciones atribuidas a él generara un escándalo político y judicial.
El caso adquirió una dimensión política por su cercanía previa con el Presidente, a quien había asesorado como abogado. Esa relación forma parte del contexto público de la investigación, aunque la responsabilidad penal de cada imputado deberá establecerse mediante el proceso judicial.
La confirmación de los procesamientos vuelve a colocar bajo escrutinio el funcionamiento de un organismo cuya tarea está vinculada con el acceso a medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad.
Una causa que se cruza con la crisis institucional de la ANDIS
La decisión de la Cámara se conoció después de que se difundiera una auditoría que detectó un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ANDIS y tras la salida de Alejandro Vilches, quien estaba al frente del organismo.
Ambos hechos forman parte del contexto reciente de cuestionamientos sobre la gestión de la Agencia. No obstante, el desfasaje contable y la causa por presuntas coimas son asuntos que deben distinguirse: su eventual relación deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes.
El desafío institucional consiste en esclarecer cómo se tomaron las decisiones de contratación, quiénes intervinieron y si existieron beneficios indebidos derivados del uso de recursos públicos.
El costo de la corrupción en un área sensible
Las presuntas irregularidades investigadas adquieren especial relevancia porque involucran la compra de medicamentos destinados a personas que dependen de prestaciones estatales.
Cuando una contratación pública se encuentra bajo sospecha de direccionamiento o sobreprecios, el problema no se reduce a una disputa administrativa. También plantea interrogantes sobre la transparencia del Estado, el control del dinero público y las garantías de acceso a derechos fundamentales.
La Justicia deberá determinar si los hechos investigados configuran los delitos atribuidos y cuáles son las responsabilidades individuales. Mientras tanto, la causa vuelve a exponer la necesidad de controles efectivos en la administración de los recursos destinados a la discapacidad.
La confirmación de los procesamientos no cierra el expediente. Abre una nueva etapa en la que la investigación deberá avanzar hacia el esclarecimiento de las maniobras denunciadas y la eventual determinación de responsabilidades penales.
FUENTES
Infobae. (2026, 22 de septiembre). Coimas en discapacidad: confirmaron el procesamiento de Diego Spagnuolo.
Página/12. (2026, 22 de septiembre). Coimas en Andis: confirmaron el procesamiento de Diego Spagnuolo.
La Nación. (2026, 22 de septiembre). Causa Andis: la Cámara confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otras 18 personas, y avanza la investigación.
Quorum. (2026, 22 de septiembre). Confirmaron el procesamiento del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, por cohecho y asociación ilícita.
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