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Una nueva estructura para la seguridad provincial

La iniciativa fue aprobada por mayoría durante la décima sesión ordinaria y establece una reorganización de la estructura de seguridad provincial, con cambios en la Policía, el Servicio Penitenciario, la prevención y los mecanismos de control.

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La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó por mayoría este jueves la ley que crea y regula el Sistema de Seguridad Pública y de Convivencia Ciudadana, una iniciativa impulsada por la Función Ejecutiva que busca establecer un nuevo marco para la organización y el funcionamiento de la seguridad en la provincia.

La sanción se produjo durante la décima sesión ordinaria del 141° Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora Teresita Madera. El proyecto fue presentado en el recinto por el diputado Federico Sbiroli, quien destacó el trabajo desarrollado durante un extenso período en las comisiones legislativas, con participación de autoridades de Seguridad, la Policía y el Servicio Penitenciario.

Una nueva estructura para la seguridad provincial

Uno de los principales aspectos de la nueva normativa es la reorganización de la estructura de seguridad de La Rioja.

Según explicó Sbiroli, la ley establece una Dirección de Seguridad para Capital y crea una nueva Dirección de Seguridad del Interior, que tendrá bajo su órbita a los 17 departamentos de la provincia.

La modificación busca establecer una organización diferenciada para la Capital y el interior provincial, contemplando las particularidades de cada territorio y las necesidades vinculadas a la prevención y la seguridad ciudadana.

Fortalecimiento de la Policía Vecinal

La normativa también contempla el fortalecimiento de la Policía Vecinal y de los foros vecinales, incorporando la participación de los vecinos como una herramienta para identificar las problemáticas específicas de cada barrio.

El objetivo planteado durante el debate es profundizar las tareas de prevención, mejorar el vínculo entre las fuerzas de seguridad y la comunidad y contar con información territorial para abordar las situaciones que afectan a cada zona.

Una Ley Marco para el Servicio Penitenciario

Otro de los cambios destacados está relacionado con el Servicio Penitenciario Provincial.

Sbiroli señaló que, por primera vez, el Servicio Penitenciario contará con una Ley Marco propia, con la intención de actualizar una normativa que, según sostuvo, había quedado desfasada.

La nueva legislación también contempla la participación de agentes penitenciarios en la operación de las alcaldías, con el objetivo de ordenar las funciones de cada fuerza y delimitar las responsabilidades correspondientes.

Más controles sobre las fuerzas de seguridad

La ley incorpora además mecanismos específicos de auditoría, control y transparencia.

En este sentido, crea una Dirección General de Auditoría y Control, que contará con participación de órganos y ciudadanos externos para evaluar el accionar del personal policial y reforzar los mecanismos de supervisión sobre la fuerza.

De acuerdo con lo planteado durante la sesión, este esquema busca incorporar herramientas de control sobre el funcionamiento de las instituciones de seguridad y fortalecer los mecanismos de evaluación.

Los principales cambios

La nueva Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana contempla, entre otros puntos:

  • Una Dirección de Seguridad para Capital.
  • Una Dirección de Seguridad del Interior, con competencia sobre los 17 departamentos.
  • El fortalecimiento de la Policía Vecinal.
  • La participación ciudadana mediante foros vecinales.
  • Una Ley Marco para el Servicio Penitenciario.
  • La incorporación de agentes penitenciarios en la operación de las alcaldías.
  • La creación de una Dirección General de Auditoría y Control.
  • Mecanismos de participación externa para reforzar la transparencia y supervisión.

La aprobación de esta normativa constituyó uno de los principales puntos de la décima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, junto con la nueva regulación de la Educación Superior, la promoción de la bioconstrucción y un aporte extraordinario destinado a fortalecer los comedores escolares y las tarjetas alimentarias.

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