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El expediente coloca al Consejo de Abogados frente a una oportunidad institucional de gran trascendencia: La decisión que se adopte podría convertirse en un antecedente relevante para todo el foro riojano, reafirmando que la defensa de los intereses de los clientes, la crítica a las decisiones judiciales y el ejercicio de los derechos procesales encuentran su límite en la lealtad profesional y la buena fe que exige la abogacía como función esencial para la administración de justicia.
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