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La investigación judicial, bajo la lupa del fiscal Franco Picardi, apunta a un fraude millonario mediante un sistema de contrataciones paralelas que benefició a empresas vinculadas entre sí.
El documento oficial, publicado por La Nación, advierte que “el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”.
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