Carlos Sadir estaba en Park Avenue, en la sede del Consejo de la Américas en el Upper East Side de Manhattan, como escolta de Luis Caputo. El gobernador de Jujuy venía de escuchar como si fueran nuevas las palabras de Susan Seagal, histórica anfitriona de todos los gobiernos y comitivas que viajan a Nueva York desde hace más de 20 años, cuando su teléfono empezó a sonar. En el centro de San Salvador de Jujuy, un grupo de policías rodeaban la Casa de Gobierno y reclamaban un aumento salarial del 50%.
Alrededor de 300 policías, algunos en actividad y otros retirados, protestaban frente a la sede de la gobernación, incendiaban cubiertas y sacudían las rejas del poder provincial. Aunque el gobernador radical que heredó el poder de Gerardo Morales decidió -antes que nada- resolver el conflicto con una denuncia penal contra los manifestantes, el reclamo da cuenta de la crisis que se extiende en las provincias que acompañan el rumbo de Javier Milei.
Los miembros de la policía jujeña, en su mayoría votantes de La Libertad Avanza, trabajan 12 horas por día y cobran un millón de pesos por mes. La fuerza no está sindicalizada, la protesta es hija de la crisis en los ingresos y no fue organizada por sectores de la oposición ni tuvo infiltrados en sus filas. Así lo aseguran dirigentes de la provincia que interactúan con el personal policial en forma permanente.
Cuando el reclamo tomó temperatura y los manifestantes tiraron abajo una de las rejas, una escena fue la más simbólica de todas: un cordón de Infantería encabezado por mujeres salió a enfrentar la demanda de los policías. La tensión sólo se empezó a disipar cuando el subjefe de policía Joaquín Carrillo se hizo presente en el lugar para ejercer su autoridad.
La protesta se desencadenó después de que el gobierno de Sadir ordenara un aumento para el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), el grupo de uniformados asignados a las custodias de los funcionarios provinciales y miembros de la legislatura jujeña. La policía de calle lo tomó como una provocación. El reclamo del personal policial en la provincia del litio funciona como un efecto dominó porque los estatales, docentes y empleados de la salud pública preparan sus protestas por aumentos de sueldo.
Un rol conflictivo fue el que jugó el policía retirado Pedro Torres. Ex diputado y ex intendente peronista de la localidad de Caimancito en tiempos de Eduardo Fellner, la aparición de Torres hizo circular la versión de que la oposición estaba interesada en fogonear el conflicto. Pero Torres es empleado de la gobernación radical desde hace dos años: Sadir lo nombró por decreto como coordinador de Planificación y Gestión Institucional y en la provincia dicen que reporta directamente a Alfredo “Freddy” Morales, el jefe de gabinete de Sadir que es hermano del ex gobernador. Torres anunció un acuerdo que nunca llegó y complicó todavía más las cosas.
Sadir no puede decir que no estaba al tanto. La semana pasada, mientras en Catamarca el reclamo de los docentes se apoderaba de las calles, familiares de policías y retirados se habían movilizado por primera vez por un aumento de sueldos. La ola de reclamos policiales se repite en distintas provincias, pero en Casa Rosada afirman que no se debe a la crisis sino a que se cortó la recaudación ilegal. Sea como fuere, los que salen a la calle coinciden en que la plata no les alcanza.
Otro actor local muestra que no es tan sencillo culpar al peronismo. Entre los manifestantes había policías alineados con el comisario retirado Luis Angel Miranda, nombrado como funcionario de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por pedido del diputado libertario Manuel Quintar. El grupo que responde al mileista Miranda es el que más se resiste a aceptar la oferta salarial de la gobernación. O las segundas líneas de Milei conspiran contra el radical Sadir o la crisis económica no reconoce filiaciones.
La manifestación en las puertas de la gobernación fue tan inoportuna como sintomática. Sadir fue uno de los 11 gobernadores que acompañaron a Milei en busca de inversiones para un país que combina un régimen preferencial como el RIGI para grandes inversores con una reforma laboral que liquida todos los derechos de los trabajadores que están en la Constitución nacional. Será por eso que algo no cierra.
Las provincias no solo sufren el freno a la obra pública y el estancamiento de la actividad: además, la merma de la recaudación que acumula 7 meses consecutivos de caída.
El gobernador radical se cruzó en Manhattan con representantes de multinacionales como Río Tinto, McEwen Mining, Glencore, Amanzo y Uber. También con CEOs de bancos como JP Morgan y Bank of America. Jujuy viene de festejar el récord que alcanzó el año pasado, cuando la producción de litio dio un salto y llegó a las 67.000 toneladas. El aumento de la explotación del litio en la provincia se explica por la puesta en marcha de dos proyectos Exar y Sales de Jujuy, propiedad de Río Tinto, la minera anglo-australiana.
Pero la escena del lunes a la noche en la calle Sarmiento, entre San Martín e Independencia, confirma que gran parte de la población queda al margen de la Argentina de los commodities. Milei no solo tiene una cruzada personal contra la industria: además avanza contra los ingresos y quiere unificar a la baja el heterogéneo mosaico laboral, con una generalización de los trabajadores low cost. Los gobernadores como Sadir encarnan esa contradicción: buscan seducir a los grandes capitales pero se olvidan de la situación que tienen que afrontar sus votantes en el reino de la estanflación
0
0
