Por: Lic. Mauricio Guerrero
En La Rioja, las lluvias dejaron daños históricos y un impacto social evidente. La reacción del gobierno provincial fue rápida, con asistencia, presencia territorial y respuestas concretas. Sin embargo, lejos de apaciguarse, el enojo social se profundizó. La crítica fue feroz y casi exclusiva hacia el peronismo local, como si la responsabilidad política no tuviera escalas ni contextos, ni diferenciara entre quienes actúan y quienes se ausentan.
En paralelo, el sur del país arde. Incendios de una voracidad inédita consumen miles de hectáreas, destruyen viviendas y obligan a comunidades enteras a reconstruir desde cero. Bomberos, brigadistas y voluntarios trabajan al límite y denuncian falta de recursos y acompañamiento del gobierno nacional. En ese contexto, el Presidente eligió el silencio público y una agenda de actividades partidarias y sociales: viajes a Jesús María, a Mar del Plata, apariciones distendidas en espectáculos teatrales, lejos de la emergencia.
La pregunta incómoda surge sola: ¿qué pasaría si un gobernador, un ministro o un dirigente provincial adoptara esa misma actitud en medio de las desgracias climáticas que atraviesa La Rioja? La condena sería inmediata y transversal. Sin embargo, frente a la inacción nacional no hay indignación sostenida ni reproche colectivo. El enojo, una vez más, parece tener un solo destino.
Incluso la anunciada visita presidencial a La Rioja para la Chaya (festival que Javier Milei cuestionó duramente durante la campaña) no despierta la reacción que sí recae sobre el gobierno provincial cuando enfrenta crisis reales. Esta vara desigual expone una forma selectiva de medir responsabilidades políticas y de distribuir la bronca social.
El deterioro económico termina de tensar ese clima. El golpe al bolsillo es cotidiano y profundo, pero el responsable visible vuelve a ser el Estado provincial, el más cercano, el más tangible. Las políticas económicas nacionales, que empujaron al país entero a una situación gravísima, quedan fuera del foco emocional de buena parte de la sociedad, aun cuando explican gran parte del malestar.
A esto se suma un hartazgo extendido hacia dirigentes y funcionarios que no logran justificar su nivel de vida. Esa desconfianza también alcanza a figuras del gobierno nacional, pero no se traduce en el mismo nivel de enojo ni de cuestionamiento público. La bronca, otra vez, no se distribuye de manera proporcional a las responsabilidades ni a los errores.
Frente a este escenario, el desafío del gobierno provincial es recuperar legitimidad sin buscar explicaciones cómodas. No alcanza con aumentar la presencia en redes ni con ajustar estrategias si lo que se comunica no tiene respaldo en los hechos. Cuando la política no ofrece gestos claros y coherentes, ninguna narrativa logra sostenerse en el tiempo. La comunicación no crea realidades: las ordena, las explica y las expone.
No se trata de una batalla de likes ni de algoritmos, sino de una disputa política de fondo. Sin contenido ético, político y práctico que respalde la acción de gobierno, ninguna herramienta comunicacional puede revertir el clima social. La legitimidad no se edita ni se maquilla: se construye con hechos, consistencia y el coraje de alinear la palabra con la acción.
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