El proyecto de ley aprobado la semana pasada en el Senado prevé un aumento del 7,2 % para los jubilados de todo el país y fija un bono extraordinario de $110 mil.
Además de mejorar los haberes, la ley prorroga la moratoria previsional, lo que permitirá a personas sin los 30 años de aportes acceder a una jubilación mediante un plan de pagos en cuotas. La votación se desarrolló en una sesión tensa, marcada por el retiro del bloque de La Libertad Avanza, parte del PRO y aliados, quienes cuestionaron la validez del temario tratado y anunciaron que recurrirán a la Justicia.
En paralelo, el presidente Javier Milei advirtió que vetará la iniciativa en caso de ser sancionada, al considerar que la medida es incompatible con el equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales de su programa económico. Desde el Gobierno también se deslizó que la sesión podría ser impugnada judicialmente por presuntas irregularidades en su convocatoria y desarrollo.
Cómo quedará el ingreso de los jubilados si no Milei no veta la ley
Con la nueva ley, los valores previsionales quedarían de la siguiente manera: la jubilación mínima pasaría de $309.000 a $331.000, mientras que el bono previsional mensual se incrementaría de $70.000 a $110.000. Estos cambios se aplicarían de manera inmediata. Asimismo, se mantiene la posibilidad de que personas sin aportes suficientes accedan a una jubilación a través del sistema de moratoria vigente, mediante el cual se pueden regularizar los años faltantes mediante un esquema de cuotas.
El proyecto aprobado en el Congreso incluye una serie de medidas fiscales destinadas a cubrir el impacto presupuestario que implican estos aumentos. Entre ellas, se contempla la eliminación de exenciones impositivas para directores de empresas y para sociedades de garantía recíproca en el impuesto a las ganancias.
También se prevé la reasignación de partidas correspondientes a la exSIDE (hoy Agencia Federal de Inteligencia), el uso de recursos provenientes de registros automotores, y un ahorro estimado producto de la baja en la tasa de interés del Fondo Monetario Internacional. Los legisladores que impulsaron el proyecto aseguran que estas fuentes de financiamiento permitirían implementar la ley sin comprometer las cuentas fiscales.
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