La Justicia de La Rioja tiene la oportunidad de dar vuelta el sentido de una de las páginas de su historia: casi cuarenta años después de haber mirado para otro lado, definirá esta tarde si los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella son responsables de la muerte del obispo de La Rioja Enrique Angelelli y las heridas graves sufridas por el entonces sacerdote Arturo Pinto en agosto de 1976. En sus alegatos, las partes acusadoras consideraron que las pruebas expuestas durante el juicio oral comprobaron que el accidente de tránsito que sufrieron Angelelli y Pinto la tarde del 4 de agosto de aquel año fue, en realidad, un atentado pergeñado por las fuerzas de seguridad en el marco del terrorismo de Estado. Pinto, el Obispado de La Rioja, las secretarías de Derechos Humanos provincial y de la Nación y la fiscalía solicitaron al Tribunal Oral Federal riojano que condene a los acusados a prisión perpetua a cumplir en cárcel común.
La sentencia, que se conocerá en un nuevo aniversario del asesinato de los curas palotinos –tres sacerdotes y dos seminaristas fueron acribillados el 4 de julio de 1976 por un grupo de tareas–, cosechó grandes expectativas. Ayer, para esperarla, se realizó una misa y una marcha.
Luego de ocho meses de debate oral y cerca de cien testigos, los jueces José Quiroga, Calos Cascano y Juan Carlos Reynaga –los últimos dos de Córdoba y Catamarca, respectivamente– deben decidir si sentencian o no a Menéndez y al comodoro Estrella. Los magistrados contaron, entre otras pruebas –tal como reveló Página/12–, con varias cartas que, después de casi cuarenta años de mantenerlas guardadas, aportó la Iglesia. En ellas, Angelelli denunciaba ante autoridades eclesiásticas nacionales y vaticanas amenazas y persecuciones. Los documentos son reveladores en cuanto a la situación en la que se encontraba la diócesis de Angelelli y él mismo durante 1976.
Menéndez y Estrella son los únicos dos imputados que llegaron al juicio oral con vida: el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, el dictador Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Romero, del Departamento de Informaciones de La Rioja, fallecieron antes de que comenzara el debate.
Las querellas y la fiscalía solicitaron para los acusados las penas de prisión e inhabilitación perpetua y cárcel común. La querella de los organismos públicos de derechos humanos pidió, además, que la Justicia investigue a los integrantes de los Cruzados de la Fe, una agrupación de terratenientes conservadores que atacaron a Angelelli y fomentaban su persecución a través del periódico local El Sol (ver Página/12).
El 4 de agosto de 1976, Angelelli y Pinto regresaban de Chamical a bordo de una camioneta. Habían participado de una misa en homenaje a los curas de aquel pueblo Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, cuyos cuerpos habían sido encontrados acribillados en las cercanías de la ciudad el 18 de julio de ese año, y según aseguró Pinto en el juicio, “Angelelli sabía que lo iban a matar”. Unos días antes habían asesinado al laico Wenceslao Pedernera. Decidieron, aquella tarde, cambiar la ruta de regreso a la capital riojana para no pasar frente a la base aérea de Chamical. Pero no bastó.
Según declaró Pinto en el juicio, un auto blanco se cruzó delante de la camioneta en la que viajaban con Angelelli y la hizo volcar. El obispo salió despedido, Pinto quedó inconsciente. La hipótesis que para las partes acusadoras quedó probada se basa incluso en informes forenses: Angelelli fue “rematado” en el piso con un golpe de un objeto contundente en su cabeza. Entonces, el hecho fue investigado por el juez Rodolfo Vigo, quien según testimonios vertidos en el debate oral fue “instalado” en la Justicia local un mes antes del dudoso accidente y removido pocas semanas después de que se cerrara el caso. Vigo aceptó la versión policial de los hechos: muerte producida por accidente de tránsito. En 1986 la causa resurgió y se encaminaba a desechar la teoría del choque accidental para imputar a integrantes de las Fuerzas Armadas, pero la ley de impunidad que ponía un punto final a las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura la neutralizó. La anulación de aquellas normas permitió retomar la marcha. El resultado se conocerá esta tarde.
La historia de los cruzados de la fe, un grupo de laicos terratenientes de La Rioja
Cruzados de la Fe fue un grupo de laicos terratenientes conservadores de La Rioja que actuó algunos años antes y durante el terrorismo de Estado y jugó un rol fundamental en la persecución que sufrió la diócesis de Enrique Angelelli mientras fue obispo de esa provincia: su encarnizado ataque al obispo en pos de la defensa de intereses propios y la arenga para su exterminio es historia conocida en tierra riojana, pero recién a partir del juicio por el asesinato de Angelelli, que terminará hoy el tema quedó definitivamente sobre la mesa de la Justicia. “Existe una perfecta correspondencia entre los objetivos de los Cruzados y los de la última dictadura: la conservación del poder en pocas manos, en las de ellos”, aseveró Bernardo Lobo Bugeau, uno de los representantes de la querella de las secretarías de Derechos Humanos provincial y de la Nación en el debate oral que exigió, en su alegato, la apertura de la investigación sobre el tema.
“Existen coincidencias entre la línea ideológica del grupo y la de los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad en la provincia”, advirtió Lobo Bugeau. El abogado advirtió que no existen pruebas explícitas de las funciones que este grupo de terratenientes podría haber cumplido en los crímenes de la última dictadura, pero señaló que hay testimonios y documentos que sirven de punto de partida para que la Justicia empiece a buscarlas: “Hay menciones en los discursos de Luciano Benjamín Menéndez y Estrella sobre la idea de convertirse en Cruzados de la Fe, de combatir a la subversión con la cruz y con la espada”, apuntó.
Las querellas ubicaron a los Cruzados de la Fe como un ingrediente del pilar civil que “desgastó” a la diócesis de Angelelli en medio de la avanzada reaccionaria de aquellos años. “Lo persiguieron y una vez que el Ejército estuvo en el poder avanzaron con las autoridades eclesiásticas castrenses. Al poco tiempo, Angelelli fue asesinado”, apuntó Lobo Bugeau.
Litigio de fe
El nombre Cruzados de la Fe se escuchó por primera vez públicamente el 13 de junio de 1973. Lo utilizó una treintena de hombres para identificarse tras haber echado a piedrazos, insultos y punta de pistola al obispo provincial y a los sacerdotes Antonio Puigjané y Jorge Danielini, que lo habían acompañado a Anillaco para dar misa. Angelelli sancionó a 13 hombres identificados como miembros de aquel grupo: entre ellos figuraban Amado, César y Manuel Menem, hermanos y primo del ex presidente Carlos Menem; José Ricardo Furey, actual asesor de Menem en el Senado, y Tomás y Luis Alvarez Saavedra, el fundador del diario El Sol y su hijo.
El conflicto de Anillaco fue la presentación en público, pero no el origen de los Cruzados de la Fe. Rafael Sifre compartió ocho años de “construcción y trabajo” con Angelelli. Los primeros años de la década del ’70 eran años de pobreza extrema en aquella provincia, en donde la riqueza y los recursos eran atesorados por pocas manos, territorio ideal para poder desarrollar las líneas de una Iglesia que, tras el encuentro de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín (1968) y las propuestas del Concilio Vaticano II, estaba cambiando su rumbo. Junto a un pequeño grupo de militantes católicos, Sifre andaba en esa búsqueda. Eran de Mendoza, pero se instalaron en La Rioja, convocados por su flamante obispo. En Aminga, más precisamente. Conformaron el Movimiento Rural Diocesano.
Aminga es la ciudad cabecera del departamento riojano de Castro Barros. Allí, Angelelli había localizado un latifundio abandonado que concentraba el 70 por ciento de la tierra productiva de la ciudad y el 70 por ciento de los cupos de riego de la zona. Sus dueños habían fallecido y sus familiares directos nada reclamaban. “Hablamos con el gobernador de entonces (Santiago Bilmezis), le contamos que queríamos organizar al pueblo para que trabajase la tierra y revivir, necesitábamos expropiar ese latifundio y nos apoyó”, recordó Sifre.
Comenzaron las asambleas generales con los pobladores. El horizonte a conquistar era la conformación de una cooperativa de trabajo: Coodetral (Cooperativa de Trabajo de Aminga Ltda). Detalló Sifre: “En las asambleas participaba todo el pueblo, incluso los terratenientes del lugar, que cuando se dieron cuenta de que con la cooperativa iban a perder la posesión se enojaron. Encabezados por Amado Menem, querían distribuir el enorme latifundio en parcelas. La propiedad de modo cooperativo de la tierra permitía, en cambio, incluir a más pobladores. Nos acusaban de subversivos, de comunistas y de estar apoyados por el obispo rojo. Al otro día nos pusieron una bomba en la sede del movimiento rural que habíamos instalado en el pueblo”, continuó el militante, que tras escapar al terror de la dictadura regresó a La Rioja, donde aún vive. Cuando fueron a denunciar las amenazas fueron encarcelados. Los liberaron a los pocos días.
Para entonces, ya funcionaba el diario El Sol, el aparato de difusión de los Cruzados. Su fundador fue Alvarez Saavedra y su director periodístico, Furey, ambos integrantes identificados de la agrupación reaccionaria y conservadora. “El discurso contra la pastoral de Angelelli de El Sol era abierto, sin miramientos. La coacción psicológica del diario se profundizó en 1976. El diario se convirtió en vocero del régimen militar”, explicó Lobo Bugeau.
El movimiento rural resistió, pero el panorama no mejoró. Realizaron movilizaciones. Entonces escucharon los primeros insultos en vivo y en directo: provenían de integrantes de otra agrupación que más tarde se fundiría con los cruzados: la bonaerense Tradición, Familia y Propiedad. La expropiación del latifundio y la conformación de la cooperativa se transformaron en el discurso de campaña de Carlos Menem, candidato a gobernador por el FreJuLi en 1973, sobre lo que Sifre recordó: “Lo votamos. Angelelli estaba ilusionado. Nunca más nos dio bola”. Luego echaron a piedrazos al obispo y a su pastoral de Anillaco.
“Los Cruzados vinieron por nosotros. Frenaron un camión en la puerta de la sede del movimiento. Amado Menem, a los tiros, nos gritaba ‘salgan, si son tan machitos’. Entraron, rompieron y se robaron todo. Después fueron a buscar a las monjitas –un grupo de religiosas que trabajaba en el pueblo–, que se salvaron porque los vecinos las escondieron en sus casas. Nos tuvimos que ir de Aminga”, denunció Sifre, quien, cuando declaró en el juicio por el asesinato de Angelelli, dijo: “Los militares terminaron lo que estos cruzados siempre quisieron hacer”.
Después de Coodetral hubo un intento más de conformar una cooperativa de trabajo. Fue en un campo de la ciudad de Michogasta. Tampoco pudieron. Para 1976, él y algunos compañeros habían seguido el consejo de Angelelli: abandonar la provincia. “Lo vi llorar. Tenía miedo, sabía que lo querían matar, pero se hizo cargo de la situación. ‘Ojalá mi muerte sirva para que el Episcopado se dé cuenta de que se equivocó en no ayudarnos’ me dijo la última vez que lo vi”, recordó, además de aseverar que “Angelelli sabía que los Cruzados de la Fe tenían algo que ver con las amenazas que recibía”. El obispo de La Rioja advirtió de tales cuestiones, entre otras, a sus superiores. No obtuvo respuesta.
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