En el mes de abril, el gobernador Ricardo Quintela anunció que daría inicio al proceso que incitará al debate en torno a una Reforma Constitucional, siendo éste un acontecimiento relevante en términos estrictamente políticos, económicos y sociales. De ésta manera, el Sub-Secretario del Consejo Económico y Social, el Lic. Javier Luna, quien dirige la Fundación para la Integración Regional Argentina (FIRA) en la provincia aporta datos relevantes sobre ésta cuestión. Es a través de una encuesta periódica de opinión pública que realiza en la comunidad de la Capital, cuyo medio le permite exponer así los resultados en torno a los diferentes criterios de los encuestados sobre la Reforma Constitucional en la provincia.
Como una variable primordial se identificó la adhesión y discrepancia sobre dicha Reforma. En la última semana de abril – después de diez días del anuncio del gobernador – la encuesta lanzó el siguiente resultado: La iniciativa ante una Reforma Constitucional era aceptada por más de un tercio del universo encuestado (39,2%) sobrepasando por diez puntos a quienes no estaban de acuerdo con la misma.
Dejando en evidencia lo qué la reforma implica, una necesidad de casi el cincuenta por ciento de modificar el presente ordenamiento que rige la sociedad riojana.
En base a éste resultado positivo, un 50% está compuesto por adultos mayores entre 36 – 50 años, y los más adultos más jóvenes, entre 18 – 35 años, oscilan entre un resultado de 32 – 36%. Ésta aceptación ante una Reforma Constitucional es bien vista por ciudadanos económicamente activos. Pero, un grupo etario relevante lo establecen los adultos mayores de 51 años con un pico de 44,9% de adhesión.
Es éste último grupo de ciudadanos quienes también se les atribuyen un resultado alto en lo que respecta un punto importante en la Reforma Constitucional.
La reciente encuesta de la última semana de abril arrojó un resultado bastante alto: Un 65,8% de las personas encuestadas está de acuerdo con que se lleve a cabo una reforma que tenga como impronta, la ampliación de nuevos derechos y garantías sobre los trabajadores informales.
Éste resulta ser uno de los ejes de discusión que más aprobación tiene. Éste dato está conformado por adultos mayores de 51 años (71%), adultos entre 26 – 35 años (67,4%) y adultos mayores de 36 – 50 años (57,5%). Dónde estos dos últimos grupos conforman el grueso de la economía capitalina, como trabajadores activos o en potencia, cuyos derechos pueden verse reflejados y representados en la Constitución, como un amparo legal al que se pueda recurrir ante una decisión judicial de ésta índole.
Otro de los ejes a tratar en la Reforma Constitucional que tiene un alto índice de aprobación es el que compete a la perspectiva de género. Aquí, más de la mitad del total de los encuestados (51,9%) coinciden en que debe existir una Reforma que incluya éstos puntos en materia de inclusión e igualdad.
Una incorporación de éste orden iría en total armonía con las leyes nacionales de ésta naturaleza, fortaleciendo y acaparando más derechos individuales y colectivos. Basándonos en éste dato positivo, son las personas jóvenes (18 – 35 años) quienes conforman una postura de afección a ésta categoría con resultados que alternan entre 53 – 57%.
En suma, podemos decir que la aprobación de una Reforma Constitucional corresponde a una mayoría que comprende que una óptima Constitución contribuye a la resolución de inconvenientes o problemas de primera necesidad de orden público. La adhesión al eje que involucra la reforma de una ampliación ante los derechos y garantías laborales en calidad informal, es consecuencia directa de un gobierno que prioriza la cuestión social y procura mitigar los daños y las circunstancias desfavorables que se generaron en un contexto de disrupción a nivel económico. No quedándose sólo allí, el foco social pone énfasis en lo que respecta a la cuestión de género, no es más que un fiel reflejo de la existente demanda social, procurando respuestas integrales a los diferentes casos de violencia en la provincia.
Todo lo anteriormente explicado corresponde a un trabajo ejecutado dentro del marco de acción del Consejo Económico y Social, como un instrumento hacia la construcción constante y el pleno ejercicio de una democracia participativa. Teniendo como objetivo el impulso, el crecimiento y la diversidad en la sociedad y las políticas públicas que allí subyacen, como características de un competente gobierno democrático.
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