Pero los investigadores no le creyeron. Ella, sin embargo, nunca bajó los brazos. Buscó, indagó, se encapuchó para ver testigos que tenían miedo, identificó a los presuntos culpables y le sirvió en bandeja a la policía un caso que hoy tiene dos procesados, uno de ellos detenido y el otro, al menos por ahora, en libertad.
Claudia del Valle Castillo trabajaba como ordenanza en la Escuela Juan José Paso. El 4 de enero, poco antes de la medianoche, se cayó de su moto en la esquina de la calle Portezuelo y el pasaje Quinteros, en el barrio San Nicolás, y fue derivada al hospital Vera Barros. La policía le dijo a la familia que se trató de un accidente tránsito, pero cuando le entregaron sus pertenencias sólo les dieron el casco, las sandalias y sus anteojos. Faltaban las cosas de valor: su cartera y su celular.
Algunos familiares fueron al lugar del supuesto accidente a buscar si había rastros de lo que la familia sospechaba, que le habían querido robar. Y encontraron una arandela de su cartera, algo que no tardaron en considerar un claro indicio de que Claudia se había caído de su moto por un arrebato.
A otro día Claudia falleció. Pero no pasaron 48 horas hasta que Fiama apeló a la tecnología para identificar a los sospechosos, que menos de dos horas después del robo se habían sacado fotos en el Parque de la Ciudad con el celular de la víctima, a las que los Castillo accedieron a través de una aplicación de Google. También pudieron rastrear el teléfono gracias al GPS.
“Nosotros sabíamos que mi mamá no había convulsionado, porque siempre se hacía análisis de salud y estaba bien. No les creíamos, pero la policía nos decía que no teníamos pruebas”, recordó Fiama a EL FEDERAL. “Siempre sentimos que nos discriminaron por ser gitanos”, acotó su tía Patricia.
Pese a la contundencia de las pruebas, que al menos podrían haber servido para abrir una línea de investigación, mientras el expediente estuvo en manos del juez Daniel Barría, que estaba de turno durante la feria judicial, prácticamente no avanzó. La familia siente que la búsqueda de la verdad cambió cuando la investigación pasó a manos de la policía Lía Centeno y del juez Mario Martínez. Pero recién en julio hubo novedades con el arresto de dos sospechosos, cuyos nombres habían sido acercados por la propia Fiama meses atrás: Miguel Ángel Palacios y Micaela Milagros Villarruel.
Pero en el medio, Fiama no dejó de moverse, juntarse con testigos y vecinos del barrio, gente que le fue aportando información que ella, a su vez, entregó a la policía.
La primera persona que habló, según contó Fiama, fue una chica que la noche del robo tuvo el teléfono de Claudia en su poder. Se lo iban a vender, pero finalmente se arrepintió y no lo compró. “Fue Mili, la cordobesa”, le advirtió. Su testimonio hubiera sido clave en el expediente, pero le dijo a la familia Castillo que la habían amenazado y que tenía miedo.
Fuentes judiciales informaron que, en cambio, sí declaró el joven que adquirió el celular. También un testigo que lo hizo con identidad reservada, que aseguró -entre otras cosas- que la moto con la que Palacios y Villarruel habrían cometido el robo fue vendida. Y tres personas que abandonaron el barrio.
Fiama siguió recibiendo información: que él era un bueno chicos hasta que la conoció a ella, que ella roba desde los 9 años y que lo sigue haciendo, que rompieron el teléfono, que en el barrio todos saben lo que pasó, que hay una testigo. Su investigación iba a toda máquina y hasta la contactaron familiares de los acusados para sumarle datos, mientras que la pesquisa oficial avanzaba a lentamente.
Una de las versiones que recibió Fiama decía que el cerebro de la banda criminal que atacó a Claudia era el tío de unos de los acusados. La fuente que lo contó iba a declarar, pero -al igual que muchos- confesó que lo habían amenazado y desistió.
Y entonces, luego de más de medio año, llegaron los arrestos y los allanamientos. Pero aquí hay que hacer una observación fundamental: los operativos en los domicilios de los acusados en los barrios 26 de Mayo y Sembrador fueron un fiasco. La policía no encontró absolutamente nada. Ni teléfonos, ni televisores, ni nada que pudiera ser útil a la causa, pese a que varias personas vivían ahí. En el entorno de la víctima están convencidos de que alguien les avisó y las viviendas fueron vaciadas. El único objeto vinculado al caso que se encontró fue la carcasa del teléfono. La tenía Villarruel. Dijo que se la quedó porque le gustó.
Las fuentes sostienen que en la comisaría hubo contradicciones entre Palacios y Villarruel. Pero ya en sede judicial y asesorados por sus abogados se negaron a declarar. A groso modo, su defensa giraría en torno a la idea de que compraron el celular de Claudia, que no lo robaron, y que hay testigos que los alejan esa noche de la escena del crimen. Los dos están procesados por “homicidio en ocasión de robo”.
Palacios, que tenía 18 años cuando murió Claudia, sigue detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que Villarruel apenas estuvo tras las rejas de la Unidad Especial de Asuntos Juveniles unos 40 días. Aunque era menor al momento del crimen, era imputable, porque tenía 17 años. En la familia de la víctima esperan que ahora que ya cumplió 18 vuelva a ser apresada, aunque pasaron 2 meses de su cumpleaños. Alegan, además, que no cumplió con las condiciones que le impuso el juez para permanecer en libertad durante el proceso.
“Semblanza, sabiduría, paciencia, miedo”. Con esas palabras la tía de Fiama describe la incansable búsqueda de su sobrina. Claudia hubiese años el miércoles. Sus familiares acompañaron ese día a los del cadete Emanuel Garay, fallecido durante una salvaje instrucción en la Escuela de Policía. Los dos casos tienen ribetes de una película de Hollywood, pero ocurrieron, en La Rioja, en esa Rioja que nadie quiere y que sus pedidos de justicia intentan cambiar.
Fuente: El Federal
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